Un rezago de tres décadas

Conciliación y Arbitraje, Guadalajara

Hoy, Jalisco ocupa el primer lugar en rezagos laborales, un problema que data de hace tres décadas, según comenta el investigador Jorge Barajas Martínez. Dice que en este rubro se combinan la corrupción de las autoridades y la impunidad con la que trabaja un grupo de abogados conocidos como Los Talibanes.

En Jalisco, la justicia laboral se caracteriza por tres factores: la corrupción, la impunidad y el rezago, comenta Jorge Barajas Martínez, representante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Sobre él último rubro, dice, las autoridades admiten que de los 82 mil expedientes por atender, 20 mil se encuentran rezagados, lo que coloca a la entidad en los primeros lugares en “dilatación de justicia laboral”.

El problema viene arrastrándose por lo menos desde hace tres décadas, pero el tema se desbordó en 2013. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalisco ocupaba el primer lugar en querellas de ese tipo, seguido del Estado de México y el Distrito Federal. Para ese año, mientras la tasa anual de demandas interpuestas por cada mil habitantes era de 2.8, aquí era de 3.3.

Y si bien el rezago creció de manera considerable durante los 18 años que gobernó el Partido Acción Nacional en Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval Díaz no ha logrado resolverlo, según reflejan las cifras que aporta el propio Ejecutivo.

Y en cuanto a la corrupción, según el especialista del Cereal, brinca de las instituciones y sus funcionarios hacia abogados laboralistas. Y estos aprovechan su posición para lucrar en este “paraíso”, donde “reina la armonía entre empresarios y empleados”. Las propias autoridades lo saben, pero poco hacen para frenarlos.

Barajas Martínez comenta que de las 600 denuncias individuales atendidas por Cereal, 90% están relacionadas con despidos injustificados; el resto son cambios de condiciones laborales, como maltrato, acoso sexual o el mobbing.

“La paz laboral en Jalisco es ficticia (dice); más bien significa temor infundido a los trabajadores porque las condiciones laborales no son buenas. Debería haber más juicios en esta materia, así como huelgas, pero el miedo se impone.”

En la entidad se vive una doble moral: “puede existir impunidad y corrupción entre empresas o bien que los abogados perjudiquen al trabajador”.

Según los análisis de Cereal, el salario real se redujo entre 2012 y 2015: aquel año era de 116 pesos diarios; para 2015 era de 112 pesos, sin contar la inflación.

El analista del Cereal destaca que si bien hay 20 mil expedientes rezagados, que es una cifra elevada, es casi ínfima si se considera que 98% de los obreros que ven afectados sus derechos no lo denuncian.

“Eso significa que sólo 2% de todas aquellas personas que consideran violentados sus derechos laborales se atreven a pedir la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces hay una cultura como de ocultamiento de la realidad, que también lleva al trabajador a guardar silencio y dar la media vuelta e irse”, comenta.

El miedo a denunciar se debe a la desconfianza en las autoridades y ante la enorme corrupción que existe entre funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que en infinidad de ocasiones se coluden con los litigantes conocidos como Los Talibanes.

 

Los Talibanes

En agosto de 2013, la STPS presentó 26 denuncias penales contra servidores públicos, trabajadores y cuatro despachos de abogados integrados por 66 talibanes por litigar juicios fraudulentos contra empresarios, asociaciones civiles y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De este organismo, los abogados pretendían obtener al menos 30 millones de pesos por laudo o por convenio que interpusieron a favor de su cliente Pedro Domínguez y otros notificadores del SIAPA.

En octubre de 2013, el entonces titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Eduardo Almaguer Ramírez, informó que las investigaciones también involucraban a 40 exfuncionarios, desde presidentes de Juntas Especiales hasta auxiliares, secretarios y notificadores.

A mediados de diciembre de ese año, Almaguer –actual titular de la Fiscalía General del Estado–, dio a conocer que el Juzgado Tercero en Materia Penal giró órdenes de aprehensión contra los abogados Luis Fernando González Esparza y Pablo Osuna Pérez, quienes se ampararon para no ser detenidos.

Ambos litigantes fueron acusados por falsedad de declaraciones en informes rendidos ante una autoridad y fraude, entre otros delitos. En esa ocasión Almaguer declaró que los detenidos podrían ser suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años y ser castigados de tres meses a tres años de prisión.

En 2013 también se documentaron 650 juicios que llevaban Los Talibanes que representaban daños por más de mil millones de pesos a empresarios y organismos de gobierno.

Finalmente, el pasado 18 de noviembre, González Esparza y su cliente Domínguez fueron detenidos al interior de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 17, que se ubica en la planta baja de Palacio Federal, sobre la avenida Alcalde, en pleno corazón de Guadalajara, acusados de fraude específico.

Las órdenes de aprehensión las giró el Juzgado Segundo de lo Penal, de acuerdo con la averiguación previa 1054/2013 de la agencia 13, por abuso de autoridad.

Cuando ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General en la calle 14, Osuna Pérez arribó para comprobar si su socio González Esparza estaba detenido. En ese momento lo retuvieron por contar con una orden judicial en su contra. Los abogados pagaron 4 millones de pesos de fianza por cada uno y salieron libres.

 

La versión de la STPS

El grupo de Los Talibanes lleva actualmente alrededor de 3 mil juicios laborales con trampas, sobornos, corrupción y tráfico de influencias. Es liderado por González Esparza.

Entrevistado por el reportero, el titular de la STPS, Héctor Pizano Ramos, aclara que en la administración de Sandoval Díaz sí combate la corrupción. Por primera vez en los últimos años, dice, ha habido cuatro órdenes de aprehensión relacionadas con cuestiones laborales giradas por la Fiscalía General.

Según Pizano Ramos, existen 43 denuncias penales a la espera de ser resueltas por el Poder Judicial, como una muestra de las acciones emprendidas por el gobierno de Jalisco.

Con relación a la detención de González Esparza y su socio, admite que fue necesaria la intervención del presidente nacional de la Junta Federal para exigir que ningún funcionario intentara interponerse en la acción llevada a cabo por parte del personal de la Fiscalía General de Jalisco.

–Da la impresión de que González acudió a donde sentía que podía refugiarse –se le comenta a Pizano Ramos.

–Pareciera que en su momento pretendieron decirle a la autoridad que no podrían actuar (dentro de la Junta Federal 17). Parecía que hubo la intención de un funcionario de protegerlo.

Antes de dejar la STPS, Almaguer declaró que estaba enfrentando amenazas por denunciar a Los talibanes. No obstante, en su gestión se promovieron la mayoría de las 40 denuncias penales contra los litigantes laboralistas y otras personas que, según las autoridades, actúan al margen de la ley.

Pizano Ramos aclara que no ha recibido amenazas por esta situación. Reconoce que cuando inició su gestión al frente de la STPS, en julio pasado, se le acercaron algunos de los implicados en esas denuncias para preguntarle cómo trabajaría con este tema.

“Les respondí que tendría cero tolerancia a la corrupción”, comenta.

Antes de llegar a la STPS, Pizano Ramos fue diputado local. Cuando estaba por terminar esa encomienda emitió su dictamen sobre la iniciativa antitalibanes, que tipifica como delito el abuso de la actividad de los litigantes en perjuicio del trabajador o de empresas.

Sin embargo, señala, por el mal funcionamiento de tres o cuatro funcionarios “no podemos manchar a los más de 400 trabajadores que trabajan en condiciones difíciles y tienen sueldos bajos y se llevan trabajo incluso a su casa los fines de semana”.

Asimismo, critica la reforma a la Ley de Amparo, que genera una carga de trabajo sin beneficio alguno en cuestión laboral, ya que, dice, no está adecuada a la realidad porque falta personal y mejores condiciones laborales. “Esta reforma en cuanto a la justicia laboral, impacta en familias enteras. Esta reforma no advirtió la justicia laboral en el país”, considera.

Jorge Barajas, del Cereal, asegura que independientemente del optimismo de las autoridades estatales, otro aspecto que marca la delicada situación que enfrentan los trabajadores en Jalisco es que la informalidad gana terreno en la entidad a pesar de que el gobernador Sandoval Díaz diga lo contrario.

“Aquí hay empresas grandes y extranjeras plenamente exitosas, pero se oculta la parte de la explotación, los bajos salarios, las situaciones indignas de los empleados y la ineficiente impartición de justicia, refiere el entrevistado.

Y aclara que en Jalisco predomina el trabajo informal por encima de las plazas plenamente reconocidas por la ley: “La informalidad rebasa 50% de la plantilla laboral con cerca de 1 millón 500 mil trabajadores; ello contra 1 millón 300 mil trabajadores formales”.

Cuestiona que a finales de año, los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial o el Ejecutivo recibirán entre 277 mil y 390 mil pesos por concepto de aguinaldo, mientras que un simple trabajador tendría que invertir 27 años de su vida laboral para reunir una cantidad de esa naturaleza.

“Las diferencias son ofensivas y muy dramáticas”, apunta.

Vía Proceso

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